Con la intervención, iniciada el pasado mes de marzo, por parte del gobierno al Instituto de Previsión del Magisterio de Honduras (INPREMAH), se dejó sin respuesta el robo de 7 mil millones de lempiras que significan los ahorros de 60 mil docentes quienes salieron a las calles a reclamar sus derechos y que fueron víctimas de la más fuerte represión pública registrada a un grupo de manifestantes o sector desde el Golpe de Estado del 28 de junio del 2009.

De los 60 mil, el diez por ciento lleva más de un año sin recibir salario. Como represalia a las constantes movilizaciones magisteriales, 303 profesores han sido despedidos por decreto con sus nombres publicados en el Diario Oficial La Gaceta.

Durante las manifestaciones de marzo se registró la muerte de la maestra Ilse Ivania Velasquez, de 59 años, quien pereció a pocos metros del edificio del Inpremah y cuyo caso no ha tenido mayor clarificación, clasificándose, por parte de las autoridades, casi de inmediato y sin ninguna investigación, como un accidente.

Centenares de maestros y estudiantes sufrieron golpes y agresiones por parte de elementos de la Policía y las Fuerzas Armadas con evidentes excesos de uso de fuerza que fueron registrados por la Comisión de Verdad (CDV) la cual realizó una cobertura diaria de los eventos sucedidos en ese agitado mes.

Educación y violencia
La situación social se agudizó aun más con la decisión del Congreso Nacional de aprobar una nueva ley que pasaría la administración de la educación a las alcaldías municipales que deberán coordinar la educación junto a asociaciones de padres de familia que operarán como organismos no gubernamentales.

Tal decisión afectó directamente los derechos laborales de los 60 mil maestros amparados por el Estatuto del Docente que prestan sus servicios al Estado que, hasta antes de aprobada la nueva ley, era el responsable de la cobertura nacional de la enseñanza laica, pública y gratuita como lo estipula la actual Constitución de la República.

Dejar a un lado la obligación contractual del Estado ponía en precario las potestades del famoso estatuto que fue derogado en una edición de la Gaceta (aunque después se aseguró se trataba de un error que aún no se ha corregido).

La nueva ley no fue bien recibida ni por los maestros, los padres de familia y mucho menos por parte de los estudiantes que salieron a las calles convirtiendo a los más populosos colegios de la capital y las dos universidades públicas en escenarios de enfrentamientos frente a los elementos policiales y militares. En las primeras semanas, luego de decenas de agresiones registradas contra los docentes, ocho maestros fueron detenidos y acusados de sedición; fueron detenidos por varios días y liberados porque a ninguno se le siguió el debido proceso por parte de los operadores de justicia.

El enfrentamiento se extendió durante dos meses, con negociaciones que no llegaron a ninguna parte y el 4 de mayo los docentes Yanina Parada, Luis Sosa, Valentín Canales, Wilmer Moreno y Juan Carlos Cálix (quienes son parte de los 303 despedidos) iniciaron una huelga de hambre en los bajos del Congreso Nacional, lugar de donde fueron desalojados con agresiones y amenazas de muerte y de violaciones sexuales por parte de elementos policiales. Ubicados a pocos metros del palacio legislativo, se han mantenido por más de dos semanas con evidentes afecciones a su salud y con la disposición a no abandonar su decisión de protesta.

Las peticiones del magisterio siguen siendo la no municipalización de la educación, el respeto al Estatuto del Docente, la no intervención al Impremah, el regreso de los 7 mil millones de lempiras substraídos desde el nombramiento de Roberto Micheletti como cabeza del régimen que derrocó a Zelaya, hasta la actualidad en la administración de Lobo. Los maestros también exigen el pago de los salarios atrasados y el reintegro de quienes han sido despedidos y despedidas por su participación en las protestas en todo el territorio nacional.

Lucha magisterial

En la historia de Honduras, ningún otro sector organizado ha tenido más experiencia de lucha social que el magisterio y, aunque en estos momentos pareciera estar pasando por su capítulo más complicado, su dirigencia asegura que no todo está perdido, que las agresiones a los 60 mil docentes pueden ser revertidas.

Alexis Vallecillo, responsable de Formación Política del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), concedió una entrevista a la Comisión de Verdad (CDV) mientras se dirigía de la comunidad de Florido, Copán, hasta el municipio de Santa Rita del mismo departamento, en una gira que lo llevó al occidente del país con la intención de fortalecer la organización de los docentes y su conocimiento de la situación actual que se vive en este gremio.

“En este momento, el régimen laboral de los maestros no existe; estamos en total indefensión al igual que todo el pueblo hondureño; sin embargo, por la naturaleza de nuestra carrera y de nuestro trabajo (con organización a nivel nacional), seriamos muy irresponsables si nos quedamos callados”, comentó Vallecillo.

Sobre la situación del magisterio agregó que “actualmente somos el único sector laboral en el mundo que no cuenta con un régimen económico compensatorio por la fuerza de trabajo que le vendemos al Estado ya que fue eliminado y el régimen de la segunda parte del Golpe de Estado no tiene ninguna intención de solucionarlo, están privatizando la educación siguiendo el manual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que cuenta con 12 recomendaciones entre las cuales está eliminar los gremios, congelar salarios de los docentes, crear ley de participación y desarrollar toda una campaña de desprestigio”.

Sobre las respuesta que el magisterio exige frente a los constantes ataque recibidos, el dirigente apuntó que “primero hay que conocer toda la maraña del problema; todos los actores que están en contra nuestra como por ejemplo la banca privada y los grandes empresarios que están recibiendo fuertes cantidades de dinero de parte del Banco Mundial y el BID para construir escuelas; igual sacan los fondos a través de sus supermercados cobrando hasta dos veces por aula construida; lo mismo pasa con los canales de televisión que hacen campaña en contra del magisterio porque se mueren de las ganas de tener el control de la infraestructura de la educación sometiendo a los profesores y profesoras de Honduras”.

“Nuestra estrategia es clara –asegura Vallecillo– primero  debemos conocer bien el problema para poder unificar a los maestros de cada centro educativo; identificar a los actores claves que son los padres y los estudiantes como aliados estratégicos ya que, de toda está lucha, la mayor ganancia ha sido la aparición de la juventud y después todos juntos encontrar las formas pacificas de enfrentar el violento atropello del que somos víctimas”.

Corrupción y difamaciones

“El régimen no tiene la razón, no tiene argumentos y no tiene la verdad; deben recurrir a la mentira y los medios de comunicación ya no tienen el mismo efecto de antes; el pueblo ya no les cree. Y lo que no imponen con la mentira lo quieren imponer con bombas lacrimógenas y con tolete”, aseguró el maestro.

“Repiten que el problema es de corrupción y en eso sí coincidimos porque esta corrupción es la que está manteniendo a este régimen. Su fortaleza es la corrupción; por eso es que los empresarios ponen diputados porque hasta la venta de pupitres se hace amañada. En el Impremah, el dinero se distribuye a determinados bancos cuando están los nacionalistas y a otros bancos cuando gobiernan los liberales; eso es corrupción. El régimen se mantiene porque se ha profundizado el robo. Si en este momento se pararan las actividades deshonestas, el régimen caería en menos de 24 horas”, enfatizó Vallecillo.
 
Los 60 mil maestros en Honduras se han convertido en el más grande sector en reportar violaciones directas a su integridad física, sus derechos económicos, sociales y políticos. El ataque ha sido sistemático. Primero se les quitaron sus ahorros, después sus derechos laborales y ahora sus empleos así como sus posibilidades de protesta ya que las medidas de represión se han endurecido. Desde el Golpe de Estado, diez docentes han sido asesinados por su participación política y, al igual que en el caso de los periodistas, campesinos, estudiantes, mujeres, sindicalistas y activistas asesinados en menos de dos años no se ha señalado a los responsables.